Hernán Dobry

Historias y noticias

Desarrollo Energético

16 noviembre, 2017

La oposición política podría no afectar a los proyectos térmicos de Araucaria Energy

Las protestas contra la instalación de dos centrales térmicas de Araucaria Energy en la provincia de Buenos Aires no afectarán su construcción, afirma una fuente cercana a la compañía. La Municipalidad de Luján ha estado evaluando una iniciativa del Concejo Deliberante que podría paralizar uno de los proyectos en su distrito.
El intendente de Luján, Oscar Luciani, está estudiando el borrador de una norma para remplazar una que fue aprobada hace diez días, que creó una zonificación especial para la instalación de la planta, debido a la presión de los vecinos, según medios regionales. Las leyes locales prohíben la instalación de empresas de tercera categoría y la central eléctrica es considerada dentro de este grupo, debido a la tecnología que utiliza para la generación, dicen los denunciantes.
La nueva ley podría paralizar la construcción de la planta de 127 MW que fue adjudicada por CAMMESA en la licitación que se realizó en octubre de 2016. La central está terminada en un 95% y debería comenzar a operar el 1 de diciembre, dice la fuente.
La fuente sostiene que Luciani le dijo a Araucaria Energy que la situación es resultado de una maniobra política de los concejales de la oposición, a pocas semanas del cambio de composición del Consejo Deliberante, tras la victoria de Cambiemos en las elecciones de octubre, y que esto no va a paralizar las obras.
La compañía, una unidad de la canadiense Stoneway Capital Group, también está sufriendo protestas de vecinos de Pilar y Escobar donde está construyendo su planta Matheu de 254 MW. Las denuncias están basadas en cuestiones ambientales.
Esta situación es diferente ya que los manifestantes están al tanto de que la central cumple con los requisitos previstos por las leyes ambientales locales e internacionales, dice la fuente. La firma obtuvo un contrato con CAMMESA en octubre de 2016 y debe comenzar a operar el 1 de diciembre, sostiene la fuente y agrega que el proyecto está cerca de concluirse.
Si las plantas no comienzan a operar a tiempo, la compañía de energía mayorista estatal podría penalizarla por un monto máximo de 77 millones dólares. Si el atraso supera los 180 días, podría cancelar el contrato.
El impacto que pueden llegar a tener estas protestas en Araucaria Energy formó parte de las consultas que recibieron sus directivos de parte de los inversores que participaron del roadshow que realizaron por los Estados Unidos para la reapertura de 165 millones de dólares de su bono con vencimiento en 2027 la semana pasada, afirma la fuente.
La firma planea usar los fondos para financiar la conversión de su central térmica San Pedro, de 103,5 MW en una de 208,5 MW de ciclo combinado, con turbinas Siemens, que fue adjudicada durante la licitación realizada por el Ministerio de Energía y Minería en octubre pasado. La operación fue manejada por Jefferies y Credit Agricole.
www.iiicorp.com

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *