Las bravatas dialécticas y el hostigamiento político que viene llevando adelante el gobierno de Pedro Sánchez contra Israel desde el 7 de octubre han empezado generar consecuencias inesperadas en España.
La primera de ellas es fruto de la insistente acusación de los miembros del Poder Ejecutivo contra el Estado Judío de estar realizando un genocidio contra el pueblo palestino en su afán por terminar con el grupo terrorista Hamás y rescatar a los 124 rehenes que tiene secuestrados desde hace ocho meses.
Esta calificación podría abrirles la puerta a unos dos millones de gazatíes a presentar solicitudes de asilo en España, al amparo de la ley 12/2009, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que regula el derecho de protección a los refugiados.
Una cosa es manipular a la opinión pública con la falsa acusación de genocidio contra Israel en aras de captar algunos votos cautivos en las elecciones europeas del 9 de junio y otra es hacerse cargo de las consecuencias que esas palabras podrían implicar en los hechos.
Por eso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, salió a bajarle el tono a las declaraciones vertidas por sus compañeros de gabinete y a pedirles que busquen un sinónimo en el diccionario a la hora de seguir atacando al Estado Judío.

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