Un juez frenó las obras de la central térmica Matheu en la provincia de Buenos Aires hasta que la empresa pruebe que la planta no contaminará los alrededores, afirma una fuente. Hace dos semanas, el mismo magistrado había hecho lo mismo con la que estaba levantando APR Energy en un terreno cercano.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidió paralizar los trabajos debido al probable riesgo de polución que tendría cuando comience a operar en un área que tiene cuatro escuelas. La medida la tomó luego que el grupo de vecinos Asociación Civil Juvenir presentara una medida cautelar.
El magistrado frenó la construcción hasta que la unidad de la empresa canadiense Stoneway Capital cumpla con los requerimientos de protección ambiental para producir electricidad. La firma tiene todos los permisos, incluido el del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y un certificado firmado por el gobierno provincial, destaca la fuente.
Los vecinos sostienen que la planta podía contaminar la zona con los gases que emita cuando precise operar con gasoil. A su vez, las turbinas podrían generar una polución sonora durante su proceso de producción.
En su decisión, el juez suspendió la construcción, su funcionamiento y pruebas, el almacenaje de combustible, el uso de aguas subterráneas o de red, la emisión de sonido o gas, movimientos de tierra y la construcción de caminos.
Basado en la ley, el principio de prevención invoca la necesidad de prevenir la producción de daños medioambientales a través de una práctica que es conocida y previsible, afirma el magistrado.
El juez también frenó la inauguración de la planta Matheu II de APR Energy a mediados de diciembre debido a los riesgos de polución, hasta que la empresa pruebe que no contaminará.
En esa oportunidad, un grupo de padres de alumnos de las cuatro escuelas de la zona enviaron a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal una carta con 1.800 firmas que avalan la protesta, pidiéndole que no apoyara la rezonificación aprobada por el Concejo Deliberante de Pilar. El proyecto de ley había sido enviado por el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Cambiemos).
A su vez, el fiscal federal Pablo Rebollo le pidió a Charvay que abra una investigación paralela para averiguar si los funcionarios o los legisladores de Pilar cometieron un crimen durante el proceso de rezonificación, según documentos judiciales.
El 30 de diciembre, la Policía Federal allanó la Municipalidad en busca de documentos sobre cómo fueron dadas las autorizaciones para construir la planta.
Araucaria Energy aún precisa tres semanas más para concluir con la obra de la central térmica, afirma la fuente. La planta, que debía comenzar a operar el 1 de diciembre, fue paralizada previamente por una protesta de los vecinos, sostiene.
En tanto, el Concejo Deliberante de Luján también frenó los trabajos de otra de las usinas de la empresa por razones similares. La firma está esperando un decreto de la gobernadora que permita su instalación, detalla la fuente.
Debido a esta situación, la compañía no podrá cumplir con la meta como fue estipulada en el PPA firmado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Según el contrato, la firma estatal podría multarla por el atraso hasta un máximo de 77 millones de dólares y si sobrepasa los 180 días, podría pedir su terminación anticipada. El Ministerio de Energía y Minería le pidió que no tome medidas contras las empresas o que cancele el negocio cuando ocurran este tipo de situación, resalta la misma fuente.
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